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Deposito obligatorio de fianzas

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Depósito obligatorio de fianzas de contratos de arrendamiento

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LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, CON FIANZA.

El artículo 36 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994 de 24 de noviembre) establece que será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico al tiempo de la celebración del contrato, en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el caso de viviendas, o dos mensualidades si es arrendamiento de uso distinto a vivienda (local o negocio). 
 
La Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León (B.O.C. y L. nº 173 de 7 de septiembre de 2010),  en vigor desde el día 8 de septiembre de 2010, regula la obligatoriedad por parte de los arrendadores y subarrendadores de depositar a disposición de la Administración de la Comunidad el importe de las citadas fianzas.

La mencionada Ley deroga expresamente la anterior regulación del régimen de fianzas contenida en la Ley 2/1999 de 19 de febrero, reguladora del depósito del importe de Fianzas de Contratos de Arrendamiento y de Suministro y Servicios que afecten a fincas urbanas, de la Junta de Castilla y León (B.O.C y L. nº 40 de 1 de marzo de 1999), la cual ya establecía que la fianza, obligatoria al tiempo de celebrar el contrato, se depositará, también con carácter obligatorio, a disposición de la Administración Autonómica.
 
La existencia de fianza supone una garantía para el arrendador del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato (como regla general, desperfectos en la vivienda).
 
El depósito ha de realizarse en el PLAZO DE UN MES desde la formalización del contrato en las oficinas de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, donde podrá dirigirse para recibir información sobre la forma más adecuada de llevarlo a cabo.
 
Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza las Administraciones Públicas, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes de ellas, y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros y Entidades Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.
(Redacción introducida por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, BOE nº 311 de 23 de diciembre de 2010, por la que se modifica el apartado 6 del artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, con efectos de 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida).

De esta forma, los inquilinos obtienen la garantía de recuperar su importe al término del arrendamiento, siempre que efectivamente hayan cumplido con las obligaciones derivadas del contrato.
 
Las Cámaras supervisarán tanto la devolución de este importe como el buen fin del contrato de arrendamiento.
 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE:

 



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